Ayer el consejo de ministro aprobó el Real Decreto Ley por la que rebajará un
5% el salario a los funcionarios y
congelará las pensiones de jubilación en 2011 con el fin de reducir el desbocado déficit público. Con todas las medidas introducidas supondrá un ahorro 5.250 millones adicionales en 2010 y otros 10.000 millones en 2011.
Reducción de un 5 por 100 de los salarios públicos
El Real Decreto Ley establece una reducción media del
5 por 100 en términos anuales de los salarios de los empleados públicos, que se aplicará con criterios de progresividad. La escala oscilará entre el
0,56 por 100 y el 7 por 100 en función del nivel de ingresos del grupo profesional, afectará al personal de todas las Administraciones Públicas y se aplicará tanto sobre las retribuciones básicas, como sobre las complementarias. Los altos cargos verán reducidos sus salarios entre un 8 por 100 y un 15 por 100. Esta reducción
se hará efectiva en las nóminas a partir del
mes de junio, y los
salarios quedarán congelados para el año 2011. El ahorro que supone esta medida para la Administración General del Estado se cuantifica en 535 millones de euros en 2010 y en 1.035 millones en 2011. Para las Administraciones Territoriales supondrá un ahorro de 1.765 millones este año y 3.465 millones, el próximo.
Suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011
Se
suspende excepcionalmente la revalorización de las pensiones durante el año 2011, con la excepción de las prestaciones más bajas del sistema, es decir, las no contributivas, las contributivas que reciben complementos de mínimos y las del antiguo régimen del SOVI no concurrentes con otras. En 2010, las pensiones mantendrán su poder adquisitivo, procediéndose a su revalorización en los términos que establece la ley en el caso de que el Índice de Precios al Consumo de noviembre supere la subida prevista del 1 por 100. Esta medida aportará 1.400 millones de euros al ajuste en el régimen de Seguridad Social y otros 130 millones en el de Clases Pasivas del Estado.
Suspensión del régimen transitorio de la jubilación parcial
A partir del próximo
1 de junio de 2010 se adelanta la elimina el régimen transitorio de jubilación parcial, prevista para el 1 de enero de 2013. Para acceder a la jubilación parcial habrá que tener un mínimo de
61 años, haber cotizado un mínimo de
30 años y haber trabajado un mínimo de
6 años en la última empresa. La reducción en el número de pensiones que se derivará de esta medida generará un ahorro total de 400 millones de euros en el conjunto de los dos años, de los cuales 250 millones ya se restarán este mismo año, sumándose a esta cifra 150 millones adicionales en 2011.
Eliminación de la retroactividad en prestaciones por dependencia
A partir del próximo
1 de junio, se fijará un tiempo máximo de
6 meses para la resolución de las solicitudes sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación a recibir. Se eliminará la cuenta por pagos derivados de la aplicación del principio de retroactividad cuando este reconocimiento se retrasaba. El Real Decreto Ley establece, asimismo, la posibilidad de aplazar hasta un máximo de cinco años el pago de los derechos de retroactividad generados hasta ahora. La aplicación de esta medida originará un ahorro de trescientos millones de euros en 2011, de los que doscientos millones corresponderán al Estado y cien millones a las Administraciones Territoriales.
Eliminación del ? cheque-bebé ?
A partir del
1 de enero de 2011, la deducción de 2.500 euros por nacimiento y adopción en el IRPF, también conocida como ?
cheque-bebé? dejará de existir. El ahorro estimado por la supresión de este régimen será de 1.250 millones de euros.
Recorte del gasto farmacéutico
Se fijará un obligatorio del 7,5 por 100 al Sistema Nacional de Salud en las ventas de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia, una rebaja en los precios de los productos sanitarios del 7,5 por 100 general y del 20 por 100 en los absorbentes. Se obliga a la adecuación del número de unidades de los envases de medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como la dispensación de medicamentos en unidosis. El Gobierno estima el ahorro total de estas medidas en 1.300 millones de euros. En torno a 275 millones ya se podrán detraer del gasto público este mismo año.
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